El senador del PPD afirmó que una modificación a la ley hecha en 2010 obliga a fiscales a probar intención de causar temor.
Encuesta Cooperativa reveló que el 68 por ciento de los chilenos teme a un posible atentado explosivo.
Académica afirmó que gente tiene una imagen desformada de la definición de terrorismo.
El senador del PPD Felipe Harboe culpó al Gobierno de Sebastián Piñera de ser responsable de la imposibilidad de condenar a imputados por la Ley Antiterrorista, pues efectuó un cambio en dicha legislación que obliga a los fiscales a probar la intención de causar temor de quienes son acusados de instalar bombas.
Esta acusación la hizo en el marco de los resultados de la encuesta efectuada por Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Central. Dicho estudio reveló que el 68,2 por ciento de los consultados siente temor ante un posible atentado explosivo.
"La modificación que se hizo a la Ley Antiterrorista en el año 2010, que estableció que ahora los fiscales deben probar la intención de causar temor o terror en la población, fue un retroceso enorme que va a generar impunidad", afirmó el parlamentario oficialista.
"Para los fiscales probar la intención de causar terror más allá del hecho objetivo de poner una bomba es pedirles un imposible", agregó Harboe.
Espina acusó déficit de capacidad investigativa
Diferente es la postura del senador de Renovación Nacional Alberto Espina, quien tras conocer la encuesta planteó que "el solo hecho de que la población sienta que puede ser víctima de un delito de esa naturaleza configura claramente que el objetivo de quienes ponen las bombas no es robar ni asaltar sino provocar miedo, intimidación y susto, lo que hace que estemos ante una legislación excepcional que Chile tiene que aplicar que es la Ley de Conductas Terroristas".
"El hecho o circunstancia que en nuestro país finalmente no existan responsables que hayan podido ser identificados y sancionados, no es culpa de la ley. Sería tan absurdo como suponer que porque gran parte de las personas que roban o asaltan quedan libres entonces la culpa es del Código Penal", declaró.
Espina añadió que "lo que aquí ha fallado, derechamente, ha sido quienes están encargados de llevar adelante las investigaciones que les corresponde a los fiscales con el apoyo de las policías, en Chile lo que tenemos es un déficit evidente de capacidad investigativa".
Escasez de persecutores
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, recalcó la escasez de persecutores y planteó, primero, que si quieren nombrar fiscales con dedicación exclusiva que digan qué casos desatienden.
Adicionalmente, planteó que para perseguir mejor el delito de colocación de artefactos explosivos, la ley tiene que darle los instrumentos adecuados.
"Necesitamos a agentes encubiertos, necesitamos símiles a lo que son las entregas vigiladas y controladas que sí existen para la investigación de delitos de drogas o de atentados sexuales, que hoy -más que nada por razones históricas de la antigüedad de esta legislación- no están incorporadas a la práctica que nosotros podemos investigar", expresó.
Mientras que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que se está tratando de coordinar mejor a las policías con los fiscales antes de las modificaciones legales que vendrán más adelante, en relación a la colocación de artefactos explosivos o incendiarios en el país.
"No dejamos de trabajar en ello, pero hoy el tema central es cómo logramos que las policías se coordinen y la fiscalía tenga todos los elementos para poder investigar", señaló.
Definición de terrorismo
Mirna Villegas, abogada y académica de la Universidad Central, explicó que la vinculación de estos delitos con la palabra terrorismo tiene que ver con una deformación de la gente respecto a este término.
"La gente tiene una opinión deformada de lo que realmente es terrorismo. Lo que define el terrorismo es la pertenencia a una organización y es en esa medida en que organizados pueden llevar a cabo una estrategia masiva y sistemática de violaciones de los derechos humanos fundamentales", afirmó la docente.
"La percepción de inseguridad es bastante alta tratándose incluso de la delincuencia común. No es porque haya más o menos instalación de bombas", sentenció.
Este lunes, en la sede del Senado en Santiago, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta va a sesionar durante todo el día de 10:00 a 19:00 horas para escuchar al ministro del Interior, al fiscal nacional, al defensor público, a autoridades de ambas policías y representantes de fundaciones para hacer un diagnóstico sobre el tema.
Uno de los puntos a tratar será cómo mejorar la persecución de este tipo de delitos.
