La reunión será el viernes, al regreso de la gira del Mandatario por la Región de O'Higgins.
Familiares de los soldados preparan una demanda colectiva.
El Presidente Gabriel Boric citó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, para que le entregue todos los antecedentes sobre la fatídica instrucción militar tras la cual, el sábado 27 de abril, murió el conscripto Franco Vargas, de 19 años, en la comuna de Putre, Región de Arica.
"He instruido a la ministra de Defensa, Maya Fernández, que se comunique con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, para que el viernes, a la vuelta de esta gira de tres días por la Región de O'Higgins, asistan ambos a La Moneda y personalmente me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse", dijo el Mandatario en una actividad en la comuna de Peralillo.
Estos acontecimientos, afirmó Boric, "desgraciadamente recuerdan también otra tragedia que sucedió hace un par de años en Chile, que causó la muerte de varios también soldados en Antuco".
"Por la memoria de Franco corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los hechos y se asuman las responsabilidades que correspondan. Verdad y justicia", agregó el jefe de Estado.
El Presidente confirmó además que el lunes se reunirá con Romy Vargas, madre de Franco Vargas, también en La Moneda.
Cabe recordar que por este caso, el general Iturriaga relevó de sus funciones a ocho efectivos militares: un capitán, un teniente coronel, un oficial comandante de sección, tres suboficiales comandantes de escuadra y dos suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha.
La Corte Suprema designó hoy a Jenny Book, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, como jueza en visita para investigar el caso. "La idea mía es poder viajar hoy día con destino, tal vez, a Arica y mañana constituirme en Putre, en el lugar de los hechos, a fin de practicar aquellas primeras diligencias y ojalá también poder tener alguna reunión con las familias de los conscriptos", señaló la magistrada.
"Esta causa es causa de justicia militar; por lo tanto, es un procedimiento penal antiguo, escrito, secreto, y, por lo mismo, no podemos informar las diligencias a cabalidad o con mucha precisión, pero, en definitiva, básicamente es constituirse en el lugar de los hechos, tomar declaraciones, practicar careos", agregó.
Ayer, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, anunció que se abrió una investigación tras una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de apremios ilegítimos.
También evalúan tomar acciones legales los familiares de los conscriptos. Al menos 118 de los demás de 130 jóvenes dados de baja ya han sido trasladados hasta Santiago, varios de ellos bajo la condición de firmar un documento que acredita que, bajo su permanencia en la unidad, jamás recibieron premios físicos ni psicológicos.
La madre de uno de los soldados, Paulina, acusó presión para firmar el documento y mencionó que ya trabajan junto al abogado de Romy Vargas en una demanda colectiva: "Nosotros pedimos la baja acá y luego allá le fue asignada por un tema médico, una baja médica. Este documento se firma en Santiago y el papá lo tuvo que firmar en el momento de retirarlo en el Regimiento, lo que es una cosa insólita, porque, si tú no lo firmas, no te lo entregaban. Entonces, se supone que lo estás firmando sin ninguna presión, lo cual no es real".
"El abogado dijo que firmáramos y que luego esto se comentara en un momento de hacer la demanda. Él está generando una demanda colectiva. Yo grabé un video en el momento en que se estaba realizando esto para que se viera que había como 20 militares alrededor de la mesa en la que uno estaba firmando la entrega", indicó la mujer.
Esta tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó una sesión especial para analizar las circunstancias del fallecimiento de Franco Vargas.
La instancia contó con la participación de representantes del INDH, diputados de la mencionada comisión en la Cámara, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Durante la sesión, la representante del INDH reclamó por la ausencia del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, tras sostener que la responsabilidad del Estado es ineludible en un caso como este.
Los parlamentarios solicitaron que el caso sea investigado por tribunales ordinarios y acordaron una sesión especial de Derechos Humanos en Arica con las comisiones respectivas de la Cámara y el Senado, y también la revisión de los protocolos de las instituciones castrenses.
"Cuando se habla de la responsabilidad del Ejército de Chile son responsabilidades individuales, por tanto, desde el punto de vista de atribuir responsabilidades institucionales, cuando se está en proceso de investigación, yo quisiera eso dejarlo a resguardo. Es que más allá de lo que nosotros dijéramos, la legislación vigente establece que esta es una materia de investigación por parte de la Justicia Militar", sostuvo el senador Francisco Chahuán (RN).
En tanto, diputada Lorena Pizarro (PC) señaló que "yo me pregunto si todo lo que hemos escuchado y que se ha relatado, a mí entender son hechos de torturas. Y mi pregunta es: ¿la tortura está normalizada al interior de la formación de las instituciones castrenses? porque me gustaría conocer cuál es la base para la formación de las instituciones de las Fuerzas Armadas y las policías".
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (independiente) indicó que "yo creo que llegó el momento de revisar los protocolo y que estas cosas no vuelvan a pasar más. Soy partidario de que esto se vea por la justicia ordinaria".
